Autor: webmaster

La mayor parte de las problemáticas socioambientales en Bolivia son muy críticas y de larga data. Cada una tiene su propio proceso, dinámica y características, pero su denominador común y raíz fundamental es el modo de desarrollo, orientado esencialmente al patrón  primario exportador, encasillado en el extracción a gran escala de recursos naturales, con poco o nada de valor agregado, de alta demanda internacional.  Este modo de producción es acumulador, expropiador, extranjerizante en muchos casos, y no tiene perspectiva de futuro porque socava la base sobre la que se desarrolla: la Naturaleza.

A lo largo de varias décadas en Bolivia, ha combinado la explotación y exportación a gran escala y velocidad de recursos estratégicos provenientes de la minería, de los hidrocarburos y en los últimos 30 años de la explotación del suelo y exportación de soya, razón por la que ha sido calificado como voraz, depredador y extractivista. 

Este modo de producción depende de los regímenes de tenencia o propiedad de los recursos, de las subvenciones y de los marcos impositivos y de regalías vigentes. En el caso de la minería, los bajos impuestos que se pagan, comparados con los altos costos sociales y ambientales que se producen, tienen un resultado negativo para el país.  El panorama en el caso de la soya es aún muchos peor. Otra de sus características es que al privilegiar unos pocos recursos en su forma primaria, ocasiona un abandono de otras potencialidades sostenibles y una bajísima diversificación de la economía, incluida una potencial industrialización y agregación de valor. También genera una lógica de rentismo y subsidio a muchas regiones, ocasionando asimetrías en la distribución de beneficios.

El modo de desarrollo primario exportador y extractivista en esencia, ha adoptado en los últimos años una doble figura que pone al filo del abismo la estabilidad ambiental del país, por una parte, incrementar e intensificar los ritmos de extracción de los recursos y en relación a esto, promover megaproyectos de diversa índole; significa la magnificación de los impactos ambientales y sociales, los que paradójicamente son escasamente mitigados o remediados. Además, promueve y facilita la preeminencia exagerada de determinados sectores relacionados con el extractivismo, permitiendo que perduren estructuras oligárquicas que se benefician con normas y políticas, desembocando en una propensión en la flexibilización de las regulaciones ambientales y contenciones sociales, como el marco de derechos. De esta forma, el modo de desarrollo pasa por encima de áreas protegidas, territorios indígenas, regiones de alta fragilidad ecológica, cuencas enteras, salud pública, etc. 

Con estas consideraciones, instamos a promover diálogos nacionales genuinos y vinculantes, en los que se pueda avizorar nuevas perspectivas y paradigmas, con alternativas efectivamente sostenibles en cuanto al uso de los recursos y producción de energía, cuyos beneficios contribuyan de forma equitativa a mejorar la vida de los bolivianos.

Bolivia es un país minero desde antes de la colonia y la minería es importante por la generación de divisas para el país y su contribución al PIB nacional (+-6%), en especial provenientes de la minería tradicional, y por la cantidad de mano de obra que demanda (alrededor de 150.000 empleos directos y medio millón de indirectos). Si bien las normas reconocen una minería Estatal, privada y cooperativista, es claro que la minería en Bolivia, especialmente la aurífera, tiene un rostro cooperativista. De las aproximadamente 2100 cooperativas registradas, más de 1400 (67%) son auríferas y más de 1500 (73%) se encuentran en el departamento de La Paz. Estas cooperativas generan el 90% del empleo y, en el caso del oro, alrededor del 93% de la producción nacional.  

No obstante, la minería continúa siendo una problemática ambiental ligada al modo de desarrollo económico primario exportador y asociado a un enfoque esencialmente extractivista, que se constituye en uno de los rubros que contribuye en mayor medida al empeoramiento del Estado Ambiental en el país. Por lo que es necesario que se revisen las normas que flexibilizan la protección ambiental para las operaciones mineras y los ritmos de explotación que se vieron favorecidos por la nueva Ley de Minería y Metalurgia, la débil institucionalidad minera y ambiental que favorece la ilegalidad y propicia la acumulación de impactos de contaminación a diversas escalas y en diversas ecoregiones del país.

En ese contexto, es de preocupación especial el caso de la cuenca Uru Uru-Poopo, una de las más contaminadas del país, por la profusión de diversas operaciones mineras, la acumulación de metales pesados y la pobre o inexistente aplicación de medidas de mitigación y control de emisiones industriales. También la cuenca del Pilcomayo que continúa manteniendo reportes de elevada contaminación generada por los ingenios mineros que, pese a su alta rentabilidad, por no estar sujetos a ninguna carga impositiva específica, ni salvaguardas sociales y ambientales, cuentan con escasa o nula eficiencia en gestión ambiental. Otro tema preocupante, al que tampoco se ha dado solución, son los pasivos ambientales, tanto por la falta de adecuada canalización de recursos financieros, como por la falta de normativa específica.

Por su parte, la minería del oro de base cooperativista, que se mueve principalmente en la ilegalidad ya que sólo un 15% de las operaciones cumplen con la normativa minera y ambiental vigente, genera severos impactos socioambientales que se ven acrecentados debido a que las operaciones coinciden, mayormente, con zonas de importancia ecológica, áreas clave de biodiversidad y cuencas de alta fragilidad en la vertiente oriental de los Andes. Al respecto, la situación más preocupante es la devastación por explotación legal e ilegal de oro a gran escala al interior del área protegida Apolobamba en el Norte de La Paz y su amenaza latente a áreas protegidas de alto valor natural y cultural como Madidi, Cotapata y Pilón Lajas.

También es sumamente alarmante el avance de las operaciones auríferas en otras zonas de la Amazonía, como es el caso del departamento del Beni, en el que estas actividades, en su mayoría ilegales, superaron el valor de producción de la carne vacuna e inclusive el de la castaña. Al igual que es prioritaria la revisión inmediata del megaproyecto, presentado por COMIBOL, para la explotación aurífera que abarcaría todo el curso del rio Madre de Dios en Bolivia y la Amazonía mejor conservada de los departamentos de La Paz y Pando, ya que podría ocasionar una catástrofe ambiental sin precedentes.

Ligado a la minería aurífera, el uso de mercurio a gran escala es uno de los elementos de mayor preocupación, dado que numerosos estudios indican alarmantes niveles de concentración en peces y en personas, especialmente en mujeres y niños. Y donde Bolivia, a pesar de haber suscrito el convenio de Minamata, ha incrementado en más de 20 veces sus importaciones de mercurio los último 5 años, pasando de menos de 10 toneladas anuales a más de 200 toneladas legalmente importadas. 

Ante los datos concluyentes sobre el deterioro de la salud ambiental de pobladores de muchas regiones del país afectadas por elevados niveles de contaminación minera, tales como daños genotóxicos, cáncer, daños sistémicos severos, es urgente que se tomen recaudos y se encuentren soluciones al deterioro de la calidad ambiental, y en las que los actores sociales con mayor grado de vulnerabilidad, como mujeres, niños y pueblos indígenas, tengan una atención especial y responsable.

Para ello, es imprescindible revertir el marco normativo tolerante y condescendiente con la contaminación, así como modificar las políticas públicas, para hacer un buen uso de la escasa renta minera, que no guarda ninguna relación con los volúmenes reales de producción y con el movimiento económico que genera,  en favor del fortalecimiento del sector en cuanto a aspectos ambientales de mitigación, restauración o compensación. También es crucial fortalecer la normativa ambiental de prevención y control en operaciones mineras y su cumplimiento, así como la revisión y reversión de las autorizaciones mineras otorgadas en áreas protegidas, cursos de agua y zonas de alta fragilidad ecológica. 

Nuestros ecosistemas y, principalmente, nuestros bosques son un patrimonio natural invaluable, no solo para el país, también para la humanidad, porque son el hábitat de una innumerable cantidad de especies, contribuyen a mitigar el cambio climático, provén agua y aportan a la seguridad alimentaria; y también porque son el hogar de los pueblos indígenas que hacen a nuestra rica diversidad cultural.

A pesar de ello, cada año los incendios devastan inmensas superficies de pastizales y bosques en la Chiquitanía, la Amazonía en Pando, Norte de La Paz, gran parte del Beni; valles secos y bosques subhúmedos en Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, arrasando dramáticamente con toda forma de vida. Sólo en 2019, se llegó a casi 6 millones de hectáreas alcanzadas por incendios en Santa Cruz, afectando la biodiversidad y medios de vida. Este año, hasta el 14 de septiembre de 2020 se han quemado más de 2,3 millones de hectáreas en todo el país y el fuego continúa avanzando en varias regionales.

Las causas de estos incendios, además del cambio climático, están relacionadas con políticas y decisiones gubernamentales que se expresan en el conjunto de  normativas aprobadas desde el año 2011 al 2019, tales como la Ley 471 y 337 y el decreto 3973, que promovieron intensos procesos de desmontes y cambio de uso del suelo. A ello se suman los permisos y autorizaciones de desmontes dados por la ABT, las autorizaciones de asentamientos otorgados por el INRA y el escaso control en la época de quemas y preparación de terrenos agropecuarios que dan lugar a grandes desmontes agroindustriales y pequeños chaquéos, que favorecen la propagación descontrolada de los fuegos.

Ante la crisis ambiental que esta situación provoca y que pone en riesgo los ecosistemas y la vida silvestre, como la salud pública de la población, las organizaciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad y el resguardo de los derechos socioambientales, conscientes de la necesidad de un accionar consecuente y coordinado, estamos dispuestas a contribuir con soluciones de corto y largo plazo que permitan a nuestros países a contar con un desarrollo pleno y sostenible. Además nos sumamos a las voces de miles de ciudadanos y hacemos un llamado a nuestros actuales y futuros gobernantes para que asuman la responsabilidad de asegurar el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos, garantizando la protección de la Naturaleza, como el cimento fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible.

Para ello, demandamos:

Fortalecer la capacidad de gestión y respuesta a los incendios en áreas protegidas, territorios indígenas, comunidades locales, municipios y gobernaciones, a partir de la mayor dotación de presupuesto y coordinación transfronteriza.  

Tomar medidas para restaurar el daño ambiental y a la salud pública, mediante la asistencia médica a la población, la asistencia veterinaria y el rescate de animales silvestres, la evaluación y remediación de los daños sobre las fuentes de agua y la prevención de la contaminación por cenizas en fuentes de agua, y el refuerzo de medidas de gestión y restauración en las áreas protegidas.

Revisar las políticas actuales de incentivo a la deforestación y prácticas productivas insostenibles y redireccionarlas hacia el uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades, implementando mejores tecnologías para la producción y la recuperación de tierras degradadas, así como promover la investigación y el monitoreo, a fin de incrementar la productividad de los suelos en las tierras aptas para la producción. Paralelamente, generar incentivos para mantener el bosque en pie, promoviendo su uso sostenible, con medidas de control efectivas.

El cambio climático es un problema único, global, a largo plazo y con complejas interacciones, se trata de una alteración de las condiciones climáticas debido, directa o indirectamente, a las actividades humanas que altera la composición global de la atmósfera por acumulación de gases de efecto invernadero – GEI. Los efectos del cambio climático traen consigo sequías prolongadas, inundaciones extremas, aumento de temperaturas, mayor propensión a quemas extendidas, incremento y aparición de nuevas plagas y enfermedades, que en conjunto afectan la salud y seguridad, los cultivos, al ganado y destruyen la infraestructura productiva y los caminos.

A pesar de la gran expectativa global generada por los numerosos acuerdos derivados de la Convención de Kioto, incluidos el Acuerdo de París, donde se preveía no sobrepasar el límite de +2°c de aumento de las temperaturas globales, en especial por renuencia del bloque de países industrializados, quedó atrás y los expertos comenzaron a hablar del límite +4°c.

En Bolivia, la emisión de GEI por usos industriales es ínfimo, comparado con los países desarrollados, e incluso con países emergentes, sin embargo, la emisión de GEI por efecto de desmontes y cambio del uso del suelo, derivados de un modo de producción agrarista volcado a la expansión de la frontera agropecuaria, es significativa. El país se encuentra los más vulnerables de América frente a los efectos del cambio climático, debido a los altos niveles de extrema pobreza, ecosistemas variables, deforestación, clima inestable y glaciares tropicales.

Un reporte de PNUD[1], muestra que Bolivia no cuente con información científica para afrontar a los efectos del cambio climático y señala que la temperatura en el país subió, en los últimos 25 años, entre 0,08 y 0,34 grados centígrados en diversas regiones. Su pronóstico es que habrá aumentos de 1 a 2 grados centígrados hasta 2030 y de 5 a 6 grados hasta 2100, que se expresará aún más en cambios en los patrones de distribución e intensidad de las lluvias, provocando un descenso de la humedad en áreas ya de por sí secas, y un aumento en las húmedas, como la Amazonía.

Para evitar que estas proyecciones se hagan realidad y lograr mejores niveles de resiliencia, es necesario que las autoridades del Estado implementen medidas de adaptación con una perspectiva de justicia ambiental, a partir de acciones que reduzcan las vulnerabilidades presentes y aumenten las capacidades para hacer frente a los efectos del cambio climático. Entre las medidas fundamentales está el control y reducción de la deforestación, poniendo freno al cambio de uso del suelo y promoviendo el aprovechamiento sostenible de los bosques; la transición hacia una matriz energética más amigable con el ambiente, que contemple la aplicación a gran escala de energías alternativas (por ejemplo, energía solar o eólica); la realización de esfuerzos para promover la reducción de huellas de carbono en todos los niveles de la sociedad y; el establecimiento de sistemas de monitoreo, permanentes y sostenibles, de los efectos del cambio climático.

[1] https://www.undp.org/content/dam/bolivia/docs/Tras-las-huellas-del-Cambio-Climatico-en-Bolivia.pdf

Gracias a sus bosques, Bolivia está entre los 10 países del mundo con mayor riqueza de especies. Esta biodiversidad, conocida solo en una pequeña parte, además de su valor intrínseco, es pródiga en los servicios que brinda a las poblaciones humanas y está íntimamente ligada a las características y a las funciones hídricas y climáticas que los bosques provén a la seguridad alimentaria, a partir de la agrícola y la pecuaria, así como mediante un sinfín de productos alimenticios, además de medicinales, energéticos, maderables, rituales, entre muchos otros, que en el futuro podrían ser la respuesta a los problemas de hambre o enfermedad del planeta.

A lo anterior se suman las funciones ecológicas de los bosques para mantener la humedad y propiciar las lluvias; purificar el aire; regular el ciclo hidrológico; proveer agua dulce y evitar los procesos de desertificación; impedir tempestades gracias a su espesor de follaje y constituirse en sumideros de carbono que ayudan a disminuir el avance del cambio climático.

A pesar de su importancia, Bolivia no ha dejado de destruir sus bosques y en los últimos seis años su pérdida superó las cifras históricas nacionales, llegando a ocupar, en el año 2019, el quinto lugar entre los países con mayores cifras de deforestación del planeta y el primero con mayor deforestación per cápita. Aun cuando todavía no se conocen cifras actualizadas de desmontes para el año 2020, existen reportes y evidencias que indican una acelerada continuidad en la conversión de bosques a monocultivos, a pasturas para ganadería y a otros usos, en muchos casos insostenibles por las características de los suelos o de los sistemas productivos con visión de corto plazo, que provocan la acelerada degradación de los ecosistemas de las áreas forestales del país.

El cambio de uso del suelo para la agroindustria está relacionado al uso de variedades transgénicas, pesticidas y herbicidas a gran escala, que contradicen los principios de la seguridad alimentaria y nutricional, que no aumentan la tradicional baja productividad y que incrementan la dependencia de transnacionales como Bayer o Monsanto, sobre todo a partir de la importación de agroquímicos que contaminan los suelos y el agua y que causan daños a la salud.

Adicionalmente, la agroindustria paga cargas impositivas irrisorias en relación al costo ambiental que ocasiona y la enorme subvención en hidrocarburos que goza el sector, que a su vez tiene relación con el incremento en la cantidad de alimentos básicos importados por el país debido a la reducción de la diversificación productiva en grandes zonas. En resumen, con la agroindustria no sólo exportamos commodities, sino también bosques, y contaminamos el agua y los suelos, indispensables para la vida de las poblaciones locales.

Bolivia es uno de los 15 países megadiversos del mundo, es decir que alberga una gran diversidad biológica tanto de flora como de fauna, esta megadiversidad guarda relación con el gradiente altitudinal que presenta nuestro territorio (de 90 a 6.542 m snm) y que permite tener ecosistemas que van desde glaciares, puna, bosques interandinos, yungas, Amazonía, bosque chiquitano, gran chaco, entre otros. El territorio boliviano representa el 0,2% de la superficie mundial, sin embargo, contiene alrededor del 3,5% de los bosques del mundo y entre el 45 y 55% de toda la biodiversidad mundial.

La biodiversidad es importante por sí misma, pero además brinda a la humanidad una gran cantidad de funciones ambientales, tales como: provisión de alimentos y seguridad alimentaria, materias primas (fibra, madera, combustibles, materiales, etc.), seguridad energética, aire puro, agua, suelos fértiles y protegidos, reducción de la erosión, control de inundaciones, polinización, dispersión de semillas para la regeneración del bosque, regulación del clima, regulación de enfermedades, mantenimiento de la salud y medicinas, en resumen, nos proporciona una buena calidad y diversos medios de vida.

En las últimas cuatro décadas, esta biodiversidad se ha visto cada vez más amenazada, alrededor del 30% de la fauna está actualmente con algún grado de amenaza, según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Bolivia y en la última década el número ha ido en aumento.

Entre las principales amenazas contra la biodiversidad tenemos:

1. La pérdida de hábitat: que a la vez ocasiona una fragmentación en los ecosistemas que se convierten en parches aislados y pequeños que interrumpen el flujo de la fauna, esto, sumado a las características biológicas propias de las especies, las hacen más vulnerables y pueden llevarlas a la extinción. Los cambios en los hábitats se dan, sobre todo, por un aumento de las presiones antrópicas, como la deforestación o pérdida de bosques y cuya principal causa es la expansión de la frontera agropecuaria debida, principalmente, al cambio de uso del suelo. También la extracción de madera de bosques naturales, incendios provocados y por los impactos indirectos de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables como hidrocarburos o minería.

2. Degradación del hábitat: relacionado con la reducción en la calidad del hábitat de una especie o su contaminación, y que puede afectar a ecosistemas terrestres y acuáticos interconectados entre sí.

3. Sobreexplotación: Cuando los niveles de extracción de los recursos naturales renovables exceden la capacidad de reemplazo de una población, la especie puede agotarse hasta su extinción.

4. Cambio climático: Las especies sin la capacidad de desplazarse o adaptarse a los cambios pueden llegar a desaparecer, tal es el caso de anfibios, por ejemplo.

5. Introducción de especies exóticas: Puede tener enormes impactos ecológicos y económicos, en muchos casos se las introduce principalmente para la agricultura o ganadería y pueden causar una extinción masiva de especies nativas.

6. Tráfico ilegal de flora y fauna silvestre: Las especies silvestres son extraídas de su hábitat natural, algunas veces vivas otras veces sin vida, para comercializarlas de manera ilegal, ya sea como “mascotas”, o para comercializar sus partes o productos elaborados con ellas. La manipulación inadecuada de las especies traficadas puede ocasionar su muerte (9 de cada 10 animales mueren antes de llegar a un destino final) y también podría ocasionar el brote de enfermedades zoonóticas, como la actual pandemia del COVID 19.

7. Conflicto entre fauna silvestre y seres humanos: debido principalmente a la invasión de los hábitats de la fauna silvestre, para la siembran cultivos y/o crían ganado, y su eliminación cuando afectan los mismos.

Todas estas amenazas sobre la biodiversidad van en perjuicio del equilibrio ecológico, afectan las funciones ecológicas de las zonas donde habitan y reducen los medios de vida de las comunidades locales. Por otro lado, esta pérdida de biodiversidad repercute negativamente en las oportunidades de ecoturismo, en las regiones donde podría ser una alternativa para la generación de recursos económicos por parte de las comunidades locales y el país en general.

Ante la situación que atraviesa la diversidad biológica, demandamos:

• Que detenga su pérdida, provocada por un modelo de desarrollo extractivista, que no valora su importancia ecológica y su relación con las funciones ecológicas que proporcionan.

• Un análisis y actualización del marco normativo actual referido a la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, para llenar los grandes vacíos legales, por ejemplo, la ausencia de un Reglamento o Ley de Vida Silvestre, de una Ley de Biodiversidad o una Ley de Áreas Protegidas.

• Que los niveles departamentales y municipales cumplan con sus funciones y atribuciones referidas a la conservación y protección de la biodiversidad, destinando fondos y fortaleciendo sus instituciones.

• Que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA y la Autoridad Ambiental Competente Nacional – Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal, dependiente de éste, aumente sus capacidades de acción, vocería y peso en los niveles de decisión.

Bolivia es uno de los 15 países megadiversos del mundo, es decir que alberga una gran diversidad biológica tanto de flora como de fauna, esta megadiversidad guarda relación con el gradiente altitudinal que presenta nuestro territorio (de 90 a 6.542 m snm) y que permite tener ecosistemas que van desde glaciares, puna, bosques interandinos, yungas, Amazonía, bosque chiquitano, gran chaco, entre otros. El territorio boliviano representa el 0,2% de la superficie mundial, sin embargo, contiene alrededor del 3,5% de los bosques del mundo y entre el 45 y 55% de toda la biodiversidad mundial.

La biodiversidad es importante por sí misma, pero además brinda a la humanidad una gran cantidad de funciones ambientales, tales como: provisión de alimentos y seguridad alimentaria, materias primas (fibra, madera, combustibles, materiales, etc.), seguridad energética, aire puro, agua, suelos fértiles y protegidos, reducción de la erosión, control de inundaciones, polinización, dispersión de semillas para la regeneración del bosque, regulación del clima, regulación de enfermedades, mantenimiento de la salud y medicinas, en resumen, nos proporciona una buena calidad y diversos medios de vida.

En las últimas cuatro décadas, esta biodiversidad se ha visto cada vez más amenazada, alrededor del 30% de la fauna está actualmente con algún grado de amenaza, según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Bolivia y en la última década el número ha ido en aumento.

Entre las principales amenazas contra la biodiversidad tenemos:

1. La pérdida de hábitat: que a la vez ocasiona una fragmentación en los ecosistemas que se convierten en parches aislados y pequeños que interrumpen el flujo de la fauna, esto, sumado a las características biológicas propias de las especies, las hacen más vulnerables y pueden llevarlas a la extinción. Los cambios en los hábitats se dan, sobre todo, por un aumento de las presiones antrópicas, como la deforestación o pérdida de bosques y cuya principal causa es la expansión de la frontera agropecuaria debida, principalmente, al cambio de uso del suelo. También la extracción de madera de bosques naturales, incendios provocados y por los impactos indirectos de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables como hidrocarburos o minería.

2. Degradación del hábitat: relacionado con la reducción en la calidad del hábitat de una especie o su contaminación, y que puede afectar a ecosistemas terrestres y acuáticos interconectados entre sí.

3. Sobreexplotación: Cuando los niveles de extracción de los recursos naturales renovables exceden la capacidad de reemplazo de una población, la especie puede agotarse hasta su extinción.

4. Cambio climático: Las especies sin la capacidad de desplazarse o adaptarse a los cambios pueden llegar a desaparecer, tal es el caso de anfibios, por ejemplo.

5. Introducción de especies exóticas: Puede tener enormes impactos ecológicos y económicos, en muchos casos se las introduce principalmente para la agricultura o ganadería y pueden causar una extinción masiva de especies nativas.

6. Tráfico ilegal de flora y fauna silvestre: Las especies silvestres son extraídas de su hábitat natural, algunas veces vivas otras veces sin vida, para comercializarlas de manera ilegal, ya sea como “mascotas”, o para comercializar sus partes o productos elaborados con ellas. La manipulación inadecuada de las especies traficadas puede ocasionar su muerte (9 de cada 10 animales mueren antes de llegar a un destino final) y también podría ocasionar el brote de enfermedades zoonóticas, como la actual pandemia del COVID 19.

7. Conflicto entre fauna silvestre y seres humanos: debido principalmente a la invasión de los hábitats de la fauna silvestre, para la siembran cultivos y/o crían ganado, y su eliminación cuando afectan los mismos.

Todas estas amenazas sobre la biodiversidad van en perjuicio del equilibrio ecológico, afectan las funciones ecológicas de las zonas donde habitan y reducen los medios de vida de las comunidades locales. Por otro lado, esta pérdida de biodiversidad repercute negativamente en las oportunidades de ecoturismo, en las regiones donde podría ser una alternativa para la generación de recursos económicos por parte de las comunidades locales y el país en general.

Ante la situación que atraviesa la diversidad biológica, demandamos:

• Que detenga su pérdida, provocada por un modelo de desarrollo extractivista, que no valora su importancia ecológica y su relación con las funciones ecológicas que proporcionan.

• Un análisis y actualización del marco normativo actual referido a la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, para llenar los grandes vacíos legales, por ejemplo, la ausencia de un Reglamento o Ley de Vida Silvestre, de una Ley de Biodiversidad o una Ley de Áreas Protegidas.

• Que los niveles departamentales y municipales cumplan con sus funciones y atribuciones referidas a la conservación y protección de la biodiversidad, destinando fondos y fortaleciendo sus instituciones.

Que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA y la Autoridad Ambiental Competente Nacional – Viceminsterio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal, dependiente de éste, aumente sus capacidades de acción, vocería y peso en los niveles de decisión.