La mayor parte de las problemáticas socioambientales en Bolivia son muy críticas y de larga data. Cada una tiene su propio proceso, dinámica y características, pero su denominador común y raíz fundamental es el modo de desarrollo, orientado esencialmente al patrón primario exportador, encasillado en el extracción a gran escala de recursos naturales, con poco o nada de valor agregado, de alta demanda internacional. Este modo de producción es acumulador, expropiador, extranjerizante en muchos casos, y no tiene perspectiva de futuro porque socava la base sobre la que se desarrolla: la Naturaleza.
A lo largo de varias décadas en Bolivia, ha combinado la explotación y exportación a gran escala y velocidad de recursos estratégicos provenientes de la minería, de los hidrocarburos y en los últimos 30 años de la explotación del suelo y exportación de soya, razón por la que ha sido calificado como voraz, depredador y extractivista.
Este modo de producción depende de los regímenes de tenencia o propiedad de los recursos, de las subvenciones y de los marcos impositivos y de regalías vigentes. En el caso de la minería, los bajos impuestos que se pagan, comparados con los altos costos sociales y ambientales que se producen, tienen un resultado negativo para el país. El panorama en el caso de la soya es aún muchos peor. Otra de sus características es que al privilegiar unos pocos recursos en su forma primaria, ocasiona un abandono de otras potencialidades sostenibles y una bajísima diversificación de la economía, incluida una potencial industrialización y agregación de valor. También genera una lógica de rentismo y subsidio a muchas regiones, ocasionando asimetrías en la distribución de beneficios.
El modo de desarrollo primario exportador y extractivista en esencia, ha adoptado en los últimos años una doble figura que pone al filo del abismo la estabilidad ambiental del país, por una parte, incrementar e intensificar los ritmos de extracción de los recursos y en relación a esto, promover megaproyectos de diversa índole; significa la magnificación de los impactos ambientales y sociales, los que paradójicamente son escasamente mitigados o remediados. Además, promueve y facilita la preeminencia exagerada de determinados sectores relacionados con el extractivismo, permitiendo que perduren estructuras oligárquicas que se benefician con normas y políticas, desembocando en una propensión en la flexibilización de las regulaciones ambientales y contenciones sociales, como el marco de derechos. De esta forma, el modo de desarrollo pasa por encima de áreas protegidas, territorios indígenas, regiones de alta fragilidad ecológica, cuencas enteras, salud pública, etc.
Con estas consideraciones, instamos a promover diálogos nacionales genuinos y vinculantes, en los que se pueda avizorar nuevas perspectivas y paradigmas, con alternativas efectivamente sostenibles en cuanto al uso de los recursos y producción de energía, cuyos beneficios contribuyan de forma equitativa a mejorar la vida de los bolivianos.