Nuestros ecosistemas y, principalmente, nuestros bosques son un patrimonio natural invaluable, no solo para el país, también para la humanidad, porque son el hábitat de una innumerable cantidad de especies, contribuyen a mitigar el cambio climático, provén agua y aportan a la seguridad alimentaria; y también porque son el hogar de los pueblos indígenas que hacen a nuestra rica diversidad cultural.
A pesar de ello, cada año los incendios devastan inmensas superficies de pastizales y bosques en la Chiquitanía, la Amazonía en Pando, Norte de La Paz, gran parte del Beni; valles secos y bosques subhúmedos en Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, arrasando dramáticamente con toda forma de vida. Sólo en 2019, se llegó a casi 6 millones de hectáreas alcanzadas por incendios en Santa Cruz, afectando la biodiversidad y medios de vida. Este año, hasta el 14 de septiembre de 2020 se han quemado más de 2,3 millones de hectáreas en todo el país y el fuego continúa avanzando en varias regionales.
Las causas de estos incendios, además del cambio climático, están relacionadas con políticas y decisiones gubernamentales que se expresan en el conjunto de normativas aprobadas desde el año 2011 al 2019, tales como la Ley 471 y 337 y el decreto 3973, que promovieron intensos procesos de desmontes y cambio de uso del suelo. A ello se suman los permisos y autorizaciones de desmontes dados por la ABT, las autorizaciones de asentamientos otorgados por el INRA y el escaso control en la época de quemas y preparación de terrenos agropecuarios que dan lugar a grandes desmontes agroindustriales y pequeños chaquéos, que favorecen la propagación descontrolada de los fuegos.
Ante la crisis ambiental que esta situación provoca y que pone en riesgo los ecosistemas y la vida silvestre, como la salud pública de la población, las organizaciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad y el resguardo de los derechos socioambientales, conscientes de la necesidad de un accionar consecuente y coordinado, estamos dispuestas a contribuir con soluciones de corto y largo plazo que permitan a nuestros países a contar con un desarrollo pleno y sostenible. Además nos sumamos a las voces de miles de ciudadanos y hacemos un llamado a nuestros actuales y futuros gobernantes para que asuman la responsabilidad de asegurar el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos, garantizando la protección de la Naturaleza, como el cimento fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible.
Para ello, demandamos:
Fortalecer la capacidad de gestión y respuesta a los incendios en áreas protegidas, territorios indígenas, comunidades locales, municipios y gobernaciones, a partir de la mayor dotación de presupuesto y coordinación transfronteriza.
Tomar medidas para restaurar el daño ambiental y a la salud pública, mediante la asistencia médica a la población, la asistencia veterinaria y el rescate de animales silvestres, la evaluación y remediación de los daños sobre las fuentes de agua y la prevención de la contaminación por cenizas en fuentes de agua, y el refuerzo de medidas de gestión y restauración en las áreas protegidas.
Revisar las políticas actuales de incentivo a la deforestación y prácticas productivas insostenibles y redireccionarlas hacia el uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades, implementando mejores tecnologías para la producción y la recuperación de tierras degradadas, así como promover la investigación y el monitoreo, a fin de incrementar la productividad de los suelos en las tierras aptas para la producción. Paralelamente, generar incentivos para mantener el bosque en pie, promoviendo su uso sostenible, con medidas de control efectivas.
