El cambio climático es un problema único, global, a largo plazo y con complejas interacciones, se trata de una alteración de las condiciones climáticas debido, directa o indirectamente, a las actividades humanas que altera la composición global de la atmósfera por acumulación de gases de efecto invernadero – GEI. Los efectos del cambio climático traen consigo sequías prolongadas, inundaciones extremas, aumento de temperaturas, mayor propensión a quemas extendidas, incremento y aparición de nuevas plagas y enfermedades, que en conjunto afectan la salud y seguridad, los cultivos, al ganado y destruyen la infraestructura productiva y los caminos.
A pesar de la gran expectativa global generada por los numerosos acuerdos derivados de la Convención de Kioto, incluidos el Acuerdo de París, donde se preveía no sobrepasar el límite de +2°c de aumento de las temperaturas globales, en especial por renuencia del bloque de países industrializados, quedó atrás y los expertos comenzaron a hablar del límite +4°c.
En Bolivia, la emisión de GEI por usos industriales es ínfimo, comparado con los países desarrollados, e incluso con países emergentes, sin embargo, la emisión de GEI por efecto de desmontes y cambio del uso del suelo, derivados de un modo de producción agrarista volcado a la expansión de la frontera agropecuaria, es significativa. El país se encuentra los más vulnerables de América frente a los efectos del cambio climático, debido a los altos niveles de extrema pobreza, ecosistemas variables, deforestación, clima inestable y glaciares tropicales.
Un reporte de PNUD[1], muestra que Bolivia no cuente con información científica para afrontar a los efectos del cambio climático y señala que la temperatura en el país subió, en los últimos 25 años, entre 0,08 y 0,34 grados centígrados en diversas regiones. Su pronóstico es que habrá aumentos de 1 a 2 grados centígrados hasta 2030 y de 5 a 6 grados hasta 2100, que se expresará aún más en cambios en los patrones de distribución e intensidad de las lluvias, provocando un descenso de la humedad en áreas ya de por sí secas, y un aumento en las húmedas, como la Amazonía.
Para evitar que estas proyecciones se hagan realidad y lograr mejores niveles de resiliencia, es necesario que las autoridades del Estado implementen medidas de adaptación con una perspectiva de justicia ambiental, a partir de acciones que reduzcan las vulnerabilidades presentes y aumenten las capacidades para hacer frente a los efectos del cambio climático. Entre las medidas fundamentales está el control y reducción de la deforestación, poniendo freno al cambio de uso del suelo y promoviendo el aprovechamiento sostenible de los bosques; la transición hacia una matriz energética más amigable con el ambiente, que contemple la aplicación a gran escala de energías alternativas (por ejemplo, energía solar o eólica); la realización de esfuerzos para promover la reducción de huellas de carbono en todos los niveles de la sociedad y; el establecimiento de sistemas de monitoreo, permanentes y sostenibles, de los efectos del cambio climático.
