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MINERÍA

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Bolivia es un país minero desde antes de la colonia y la minería es importante por la generación de divisas para el país y su contribución al PIB nacional (+-6%), en especial provenientes de la minería tradicional, y por la cantidad de mano de obra que demanda (alrededor de 150.000 empleos directos y medio millón de indirectos). Si bien las normas reconocen una minería Estatal, privada y cooperativista, es claro que la minería en Bolivia, especialmente la aurífera, tiene un rostro cooperativista. De las aproximadamente 2100 cooperativas registradas, más de 1400 (67%) son auríferas y más de 1500 (73%) se encuentran en el departamento de La Paz. Estas cooperativas generan el 90% del empleo y, en el caso del oro, alrededor del 93% de la producción nacional.  

No obstante, la minería continúa siendo una problemática ambiental ligada al modo de desarrollo económico primario exportador y asociado a un enfoque esencialmente extractivista, que se constituye en uno de los rubros que contribuye en mayor medida al empeoramiento del Estado Ambiental en el país. Por lo que es necesario que se revisen las normas que flexibilizan la protección ambiental para las operaciones mineras y los ritmos de explotación que se vieron favorecidos por la nueva Ley de Minería y Metalurgia, la débil institucionalidad minera y ambiental que favorece la ilegalidad y propicia la acumulación de impactos de contaminación a diversas escalas y en diversas ecoregiones del país.

En ese contexto, es de preocupación especial el caso de la cuenca Uru Uru-Poopo, una de las más contaminadas del país, por la profusión de diversas operaciones mineras, la acumulación de metales pesados y la pobre o inexistente aplicación de medidas de mitigación y control de emisiones industriales. También la cuenca del Pilcomayo que continúa manteniendo reportes de elevada contaminación generada por los ingenios mineros que, pese a su alta rentabilidad, por no estar sujetos a ninguna carga impositiva específica, ni salvaguardas sociales y ambientales, cuentan con escasa o nula eficiencia en gestión ambiental. Otro tema preocupante, al que tampoco se ha dado solución, son los pasivos ambientales, tanto por la falta de adecuada canalización de recursos financieros, como por la falta de normativa específica.

Por su parte, la minería del oro de base cooperativista, que se mueve principalmente en la ilegalidad ya que sólo un 15% de las operaciones cumplen con la normativa minera y ambiental vigente, genera severos impactos socioambientales que se ven acrecentados debido a que las operaciones coinciden, mayormente, con zonas de importancia ecológica, áreas clave de biodiversidad y cuencas de alta fragilidad en la vertiente oriental de los Andes. Al respecto, la situación más preocupante es la devastación por explotación legal e ilegal de oro a gran escala al interior del área protegida Apolobamba en el Norte de La Paz y su amenaza latente a áreas protegidas de alto valor natural y cultural como Madidi, Cotapata y Pilón Lajas.

También es sumamente alarmante el avance de las operaciones auríferas en otras zonas de la Amazonía, como es el caso del departamento del Beni, en el que estas actividades, en su mayoría ilegales, superaron el valor de producción de la carne vacuna e inclusive el de la castaña. Al igual que es prioritaria la revisión inmediata del megaproyecto, presentado por COMIBOL, para la explotación aurífera que abarcaría todo el curso del rio Madre de Dios en Bolivia y la Amazonía mejor conservada de los departamentos de La Paz y Pando, ya que podría ocasionar una catástrofe ambiental sin precedentes.

Ligado a la minería aurífera, el uso de mercurio a gran escala es uno de los elementos de mayor preocupación, dado que numerosos estudios indican alarmantes niveles de concentración en peces y en personas, especialmente en mujeres y niños. Y donde Bolivia, a pesar de haber suscrito el convenio de Minamata, ha incrementado en más de 20 veces sus importaciones de mercurio los último 5 años, pasando de menos de 10 toneladas anuales a más de 200 toneladas legalmente importadas. 

Ante los datos concluyentes sobre el deterioro de la salud ambiental de pobladores de muchas regiones del país afectadas por elevados niveles de contaminación minera, tales como daños genotóxicos, cáncer, daños sistémicos severos, es urgente que se tomen recaudos y se encuentren soluciones al deterioro de la calidad ambiental, y en las que los actores sociales con mayor grado de vulnerabilidad, como mujeres, niños y pueblos indígenas, tengan una atención especial y responsable.

Para ello, es imprescindible revertir el marco normativo tolerante y condescendiente con la contaminación, así como modificar las políticas públicas, para hacer un buen uso de la escasa renta minera, que no guarda ninguna relación con los volúmenes reales de producción y con el movimiento económico que genera,  en favor del fortalecimiento del sector en cuanto a aspectos ambientales de mitigación, restauración o compensación. También es crucial fortalecer la normativa ambiental de prevención y control en operaciones mineras y su cumplimiento, así como la revisión y reversión de las autorizaciones mineras otorgadas en áreas protegidas, cursos de agua y zonas de alta fragilidad ecológica. 

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