Bolivia tiene una diversidad única de recursos acuáticos, superficiales y subterráneos, que se originan en la cordillera de los Andes, formando tres cuencas, la del Amazonas, la del río de la Plata y la cuenca endorreica del Altiplano. Su red hidrográfica es muy densa, con grandes volúmenes de agua que se almacenan en lagos y en innumerables lagunas que junto con sus ríos albergan a una gran riqueza ictiológica y garantizan la continuidad de la vida humana y de la diversidad biológica. El país tiene además una extraordinaria riqueza en humedales, incluyendo el humedal tropical más grande del mundo (Pantanal) y el mayor complejo de humedales del planeta (Llanos de Moxos), así como los bofedales en el altiplano. Sin embargo, en la actualidad, se advierte una competencia por el uso múltiple del agua, proveniente de las demandas poblacionales, energéticas, agrícolas, industriales y mineras, que provocan conflictos por el acceso al agua, a lo que se suman problemas críticos de contaminación del recurso y los eventos extremos asociados al cambio climático que provocando inundaciones y sequías. A pesar de lo anterior y de que el agua está contemplada en la Constitución Política del Estado como un bien común inalienable, por su enorme valor, aún corre el riesgo de estar sujeta a procesos de valoración comercial y de restricciones a su acceso. Además, los recursos hídricos no están adecuadamente protegidos ni gestionados. En términos normativos, seguimos con una Ley de 1906, e institucionalmente la gestión está dividida entre Ministerios que mantienen baja coordinación entre sí.
En el país, la disponibilidad de agua no es equitativa, y su distribución, acceso y consumo tienen relación con los niveles de pobreza, bajos ingresos y precariedad urbana, al estar el servicio bajo reglas de comercialización. En general el agua, especialmente en las ciudades, no es bien utilizada y se la derrocha. El agua de buena calidad para uso humano es un bien escaso, incluso en las zonas húmedas, y una de las principales amenazas es la contaminación.
Ante esta situación, es urgente actualizar la Ley de Aguas, modificar leyes como la de Minería y Metalurgia, que da prioridad al derecho de uso sobre fuentes de agua a operaciones mineras en todo el territorio nacional, y revisar megaproyectos que saquean el recurso agua, como es el caso de San Cristóbal, que utiliza aguas fósiles provocando la desaparición de bofedales y lagunas, indispensables para riego de pastizales de los que depende la ganadería de camélidos.
Así mismo, es fundamental que el Estado fortalezca la gestión integral de cuencas, principalmente las más contaminadas, como la del río Pilcomayo o la del lago Poopó, que sufren los impactos de la minería tradicional; y de los ríos más afectados, sea por vertido de mercurio, proveniente de la actividad minera aurífera, o por uso masivo de agroquímicos. Las políticas públicas también tienen que dar atención a los ríos que cruzan o circundan las mayores ciudades, que son receptores de contaminación a gran escala (Choqueyapu, Katari, Rocha, Piraí, Guadalquivir, San Juan, etc.) y transportan sus aguas contaminadas urbanas e industriales a zonas rurales, afectando la biodiversidad, medios de vida y la salud humana y de los ecosistemas. La solución a este problema pasa por el tratamiento de aguas servidas urbanas e industriales y la promoción, desde los diferentes subniveles del Estado, de acciones para la colecta de agua de lluvia, el buen uso de aguas de riego y la regulación del uso doméstico o familiar.
En las tierras bajas, como la Chiquitanía, se deben tomar recaudos y acciones de control ante acciones de represamiento de cañadas y la construcción de numerosos atajados o lagunetas para abrevaderos del ganado, que provocan la reducción de aportes para las comunidades locales, la vida silvestre y los ecosistemas en general. En el Altiplano, se debe revertir la situación de la bahía de Cohana, que se ha convertido en depositario de aguas contaminadas domésticas e industriales a gran escala de la ciudad de El Alto y otros municipios.
Las políticas públicas en aspectos de desarrollo y económicas, deben considerar que el agua es fundamental para garantizar el abastecimiento indispensable y prioritario para los seres humanos y los animales, pero también para que la Naturaleza pueda reproducirse, regenerarse y evolucionar, permitiendo conservar los ecosistemas que brindan un sinfín de funciones ambientales, como regulación del clima y provisión de agua para los diversos usos, permitiendo la existencia de la diversidad de especies, incluida la humana.
El derecho del agua para la vida, la participación social, la gestión concertada e integral de los recursos hídricos, son conquistas de los movimientos y organizaciones sociales, que deben ser respetados. Así mismo, la experiencia de los programas que han aportado valiosa información especializada debe ser aprovechada para enfrentar los nuevos y crecientes desafíos para gestionar el recurso más valioso que tenemos.
