Bolivia experimenta una irreversible expansión de la población urbana, a mediados de la década de 1970, el 70% de la población estaba en el área rural y, entre 1992 y 2012, la población urbana se incrementó en más de 3 millones, provocando que en el campo sólo quede el 30% de sus habitantes. Actualmente, el 64% de los bolivianos vive en las regiones metropolitanas y se prevé que en 2040 hasta el 90% de la población estará habitando las ciudades, lo que planteará nuevos desafíos para la administración territorial.
En la última década, el crecimiento del PIB estuvo acompañado de un incremento en los ingresos laborales y una leve reducción de la desigualdad, pero el sector informal continúa siendo el mayor empleador a pesar de sus características de precariedad laboral. La desigualdad de ingresos se mantiene y afecta especialmente a mujeres y jóvenes. El crecimiento urbano de las ciudades en Bolivia, desordenado y de baja densidad, va en desmedro de los espacios naturales aledaños, potencia los efectos nocivos del cambio climático: inundaciones, deslizamientos, estrés hídrico, olas de calor y provoca contaminación atmosféricas e hídrica, degradación de suelos y sobre explotación de acuíferos. En las ciudades, las condiciones de pobreza y los problemas socioambientales se agudizan, especialmente en mujeres y jóvenes que viven en zonas marginales. Esto se verifica en la precarización de la vivienda construida en zonas inestables, muchas de ellas ilegales, sin o con bajo acceso a los servicios básicos, como los sanitarios que potencian la situación de vulnerabilidad de las familias ante eventos naturales y antrópicos.
En el ámbito municipal, la gestión de los denominados botaderos presenta enormes falencias, amenazan la salud de familias, muchas de las cuáles también hacen de la basura un medio de vida o un medio de presión. El manejo de los residuos es inadecuado en la mayor parte de las ciudades, las políticas locales de recolección y disposición final y la necesaria utilización de tecnologías alternativas han sido erráticas y débilmente implementadas, generando además efectos contaminantes que afectan a toda la población. El incremento descontrolado del parque automotor afecta la calidad de vida de la población y de los ecosistemas urbanos y sus funciones ambientales.
Frente al cambiante escenario, producto del cambio climático y la degradación ambiental, los gobiernos locales deben asumir un rol protagónico en la organización y la planificación de las ciudades, para hacer frente a un conjunto de vulnerabilidades y externalidades socioambientales, cuidando también los vínculos urbanos – rurales y sus incidencias sobre las conurbaciones.
Las ciudades deben mejorar las capacidades reactivas para fortalecer la gestión de riesgos naturales y desarrollar la capacidad de adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos bajo un enfoque de resiliencia. Asignando alto valor a la ciencia y al desarrollo tecnológico que permitan la adaptación y el incremento de la resiliencia, implicando a la ciudadanía y construyendo una cultura ciudadana.
A tiempo de garantiza la calidad de vida de la población e incidir en la consumo más responsables y sustentable que incentive la infraestructura verde, se debe promover una visión de ciudades regenerativas, imitando los sistemas circulares que se encuentra en la naturaleza, considerando la capacidad productiva de los ecosistemas de los que dependen las áreas urbanas.
