Bolivia, a fines del año 2025, atraviesa un período extremadamente crítico, caracterizado por una pronunciada pérdida de biodiversidad en cuanto a paisajes, ecosistemas, especies y funciones ecosistémicas; intensa contaminación y deterioro de ríos y humedales; procesos extractivos y proyectos a gran escala en áreas protegidas (AP) y territorios indígenas; entre otros, que son resultado de las presiones derivadas de un modo de desarrollo, dirigido exclusivamente al crecimiento económico con escasos recaudos ambientales o sociales efectivos.